Durante la primera mitad del siglo xx en Colombia, la educación
se caracterizó por la baja tasa de escolaridad, la falta de maestros
y su escasa o nula preparación, una alta tasa de analfabetismo, la
poca inversión y prioridad en los diferentes gobiernos, la influencia
de la iglesia católica, la preponderancia de la educación privada
(fundamentalmente en la secundaria) y la oscilación entre las políticas
y reformas educativas descentralistas y centralistas.
Las misiones del profesor Currie y el Padre Lebret en la década de
1950, así como la misión de la Organización Internacional del Trabajo
a finales del sesenta, instalan una nueva idea de la educación como
un sistema planeado y organizado que responde a unos fines sociales.
Dichas misiones develan, entre otras carencias, los problemas
de cobertura, la deficiencia de los establecimientos educativos, la
baja capacitación de los docentes, la brecha entre la educación rural
y la urbana. Esta situación lleva a la formulación del primer Plan
Quinquenal de Educación Integral; este plan contempla la unificación
de la escuela primaria en cinco años en el área urbana y en la rural y
la división de la secundaria en dos ciclos, uno orientado a carreras
prácticas y técnicas y el otro a la universidad y escuelas normales.
Entre 1950 y 1976 la tasa de matrícula aumenta significativamente;
también aumenta el número de establecimientos escolares
(ganando mayor participación el sector público), crece el número de
docentes y mejora la relación maestro-alumno. Este mejoramiento
de los indicadores se da en un contexto caracterizado por el incremento
de la población, el rápido proceso de urbanización y el crecimiento
del sector industrial que demanda mano de obra –en algunos
casos cualificada–.
La planificación y los diagnósticos se convierten en el soporte de
la formulación de la política pública educativa: aunque continúan,
entre otros, los problemas de cobertura, calidad, capacitación y/o
formación de los docentes, los diferentes gobiernos buscarán resolverlos
basándose en los modelos de la planificación y en las directrices
de los organismos internacionales.
Entre 1976 y 1991 la preocupación de los gobiernos se centrará en
mejorar los indicadores poniendo el énfasis en la capacidad cuantitativa
del sistema para responder y atender la demanda (número
de establecimientos, número de maestros, número de estudiantes
matriculados, etcétera).
Hacia 1991 el Estado colombiano ya había suscrito varios pactos y
acuerdos internacionales que lo comprometían en la garantía de los
derechos humanos, entre ellos:
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 29 de octubre de 1969.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29 de octubre
de 1969.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, 29 de octubre de 1969.
Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de
muerte, 5 agosto de 1997.
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, 2 de septiembre de 1981.
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra La Mujer, 19 de enero de 1982.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, 8 de diciembre de 1987.
Convención sobre Derechos del Niño, 28 de enero de 1991.
Tanto la sociedad como las políticas públicas eran refractarias
ante el tema de la garantía y el respeto de los derechos humanos
más allá de las situaciones que tenían que ver con el conflicto armado
del país. Incluso para la guerrilla el tema de los derechos humanos
fue por mucho tiempo un corolario del Estado burgués al cual
manifestaban estar combatiendo.
A comienzos de la década del ochenta, la Federación Colombiana
de Educadores (FECODE) en su XII Congreso decide impulsar el movimiento
pedagógico a nivel nacional el cual se proponía, entre otros,
el estudio e investigación de las políticas públicas educativas y la
problemática pedagógica. Este movimiento va a jugar un papel importante
en la definición de la educación en el país, especialmente a
raíz de la participación de algunos de sus más reconocidos activistas
que aportan sus ideas en la asamblea que promulga la Constitución
de 1991, y posteriormente en la elaboración de la ley general de educación
y del plan decenal de educación.
A finales de la década del ochenta se gesta el movimiento por la
Constituyente, promovido “...desde sectores de la disminuida izquierda
legal, (que) empató con la inconformidad de otros de procedencia El Espectador publicó unoséptima papeleta: lograron, en las elecciones del 11 de marzo de
liberal golpeados por el asesinato de Luis Carlos Galán (candidato
presidencial del partido liberal)” (González Posso, s/d, p. 17).
La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente se había considerado
en varios escenarios desde finales del Frente Nacional, durante
los diálogos de paz del M 19 con el gobierno de Belisario Betancur,
en el pacto que se firmó el 20 de mayo de 1989 en la Mesa de Diálogo
y Concertación sobre Asuntos Constitucionales. Allí se acordaba que
por vía de la reforma del artículo 218 de la Constitución se incluyera
“la convocatoria a una Asamblea Constituyente de amplia representación
política y social). Incluso el diario
de los textos de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pero, finalmente,
quienes le dieron forma y realidad a la convocatoria fueron
los estudiantes reunidos en torno a un movimiento denominado
la
1990, incluir una séptima papeleta que pedía el apoyo a la convocatoria
de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual tuvo un amplio
respaldo de los electores.
Santiago Patiño
